Reforma Judicial en México: esto es lo que debes saber

En los últimos años, México ha enfrentado un proceso clave en su evolución: la reforma judicial. Este proceso, que ha captado la atención de todos los sectores sociales, busca enfrentar los desafíos históricos del sistema de justicia del país, desde la corrupción y la impunidad hasta la falta de acceso a una justicia rápida y efectiva. Si bien la discusión puede parecer técnica y compleja, su impacto es vital para el desarrollo del país.

La reciente propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo para reformar la Constitución y, por ende, el Poder Judicial ha encendido las alarmas, por ello buscamos a quien pudiera explicarnos que es lo que esta ocurriendo, Mariana De Lucio, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM maestra en políticas publicas nos cuenta lo que esta sucediendo.

El eje central de esta propuesta de reforma es que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos por voto popular. A primera vista, esto podría parecer un avance en la democratización del sistema judicial, otorgando a la ciudadanía la posibilidad de elegir a los encargados de impartir justicia. Sin embargo, Mariana de Lucio señala que esto representa un peligro considerable para la estabilidad y la imparcialidad del sistema judicial.

El Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), no debe representar a la población en su sentido tradicional. Mientras que los diputados, por ejemplo, representan los intereses de sus distritos y el presidente tiene el mandato de representar a toda la nación, el Poder Judicial tiene una función distinta. Su principal responsabilidad es velar por la constitucionalidad de las leyes y decisiones, no por la voluntad popular. Como señala de Lucio, el único control que deben tener los jueces es la Constitución, y a este principio se le conoce como independencia judicial.

Uno de los principales riesgos que de Lucio menciona es que, bajo un sistema en el que los jueces se eligen por voto popular, sus decisiones podrían estar influenciadas por la opinión pública en lugar de los preceptos constitucionales. Esto significa que podrían emitir sentencias basadas en lo que es popular o políticamente conveniente, en lugar de lo que es legalmente correcto.

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Por ejemplo, si la mayoría de la población quisiera que una persona, que en realidad es inocente, fuera declarada culpable, el juez podría sentirse presionado a emitir un fallo en consonancia con la voluntad popular para no arriesgar su reelección. En este contexto, de Lucio advierte que la legalidad y los derechos humanos estarían en peligro, pues los jueces, en lugar de actuar conforme a los principios constitucionales, estarían atendiendo a las expectativas de aquellos que votaron por ellos.

Otro problema que la abogada señala es la influencia del financiamiento de campañas en este proceso. Aunque la reforma estipula que no se permitirán gastos erogados para campañas publicitarias, de Lucio es enfática en señalar que es prácticamente inevitable que esto suceda. En las elecciones en México, es común que personas y grupos con intereses específicos financien campañas para promover a sus candidatos preferidos. En el caso del Poder Judicial, esto significaría que jueces y magistrados podrían deber su lealtad no solo a la población, sino también a aquellos que financiaron sus campañas.

Este aspecto se vuelve especialmente problemático en un país como México, donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen una fuerte presencia y capacidad para influir en la política. Mariana menciona la inquietante posibilidad de que jueces y magistrados deban su elección a intereses ocultos como el narcotráfico, lo que comprometería por completo la independencia judicial y la capacidad de estos jueces para impartir justicia de manera imparcial.

Además, se destaca la complejidad de llevar a cabo elecciones populares para un número tan grande de puestos dentro del Poder Judicial. En México, hay más de 1600 puestos de juzgadores federales, además de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia. Según la reforma, por cada uno de estos puestos se presentarían 10 candidatos, lo que significa que la ciudadanía tendría que elegir entre miles de candidatos.

Esto no solo genera confusión y desinformación, sino que también incrementa el riesgo de que las elecciones sean manipuladas por aquellos con más recursos para financiar sus campañas y ganar visibilidad. En este sentido, de Lucio considera que la propuesta de reforma es ilusoria, pues es difícil pensar que la población general pueda estar suficientemente informada para tomar decisiones acertadas en un proceso electoral de esta magnitud.

El mayor riesgo, según De Lucio, es que el Poder Judicial termine por convertirse en una extensión del poder político. Actualmente, el Poder Judicial debe actuar con total imparcialidad y apartidismo, respondiendo únicamente a los intereses establecidos en la Constitución. Sin embargo, con jueces y magistrados que deben su puesto a un partido político o grupo de poder, esta independencia se vería comprometida.

En un escenario donde un partido tiene la mayoría en el Congreso o en el Ejecutivo, como es el caso actual con Morena, existe la posibilidad de que se capturen más puestos en el Poder Judicial, eliminando los contrapesos necesarios entre los tres poderes. Si los jueces y ministros están alineados con los intereses de un partido político, será difícil que emitan sentencias que protejan los derechos de la ciudadanía frente a posibles abusos de poder.

La propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo plantea serios riesgos para la independencia judicial y la imparcialidad en la impartición de justicia en México. Como advierte la abogada Mariana De Lucio, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular podría llevar a la politización de un poder que debe ser independiente y apartidista. Además, la influencia de intereses externos y la complejidad del proceso electoral añaden más incertidumbre a una propuesta que, de implementarse, podría poner en grave peligro el Estado de derecho en México.

Esta reforma, plantea serios riesgos para la independencia judicial en México, uno de los pilares fundamentales de una democracia funcional.